Articulo de Manuel Prieto, publicado en Journal of Latin American Geography, 16 (2), 2017 © Conference of Latin Americanist Geographers.
Para quien esté interesado en la historia del despojo de las aguas de las comunidades indígenas por parte del estado para beneficio de la minería, es un material imprescindible.
El texto a continuación son las conclusiones del artículo. Hemos quitado las referencias bibliográficas para facilitar la lectura.
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El paisaje hídrico de Lasana y Chiu-Chiu no es un mero contenedor natural de agua. En este, el flujo hídrico del río Loa es metabolizado por medio de relaciones sociales que producen una cuenca híbrida; inevitablemente social y ecológica.
De allí que este paisaje es un verdadero artefacto cultural o, considerando las dinámicas sociales tras su producción, un artefacto político en el que quedan sedimentadas las asimetrías de poder que reproducen ganadores y perdedores; poseedores y desposeídos.
Esto se hace evidente en el caso de estudio aquí presentado. La imposición de un modelo de propiedad privada de gestión del agua reconfiguró radicalmente las relaciones entre regantes, estado, industrias extractivas y cuenca que coproducían el paisaje hídrico de las comunidades de Lasana y Chiu-Chiu.
La cuenca del río Loa hasta antes del proceso de privatización estaba –y está– fuertemente intervenida por obras de infraestructura destinadas a mantener lubricada la industria minera y el asociado crecimiento urbano.
Sin embargo, a pesar de los efectos negativos de estas obras en la seguridad del riego aguas abajo, en Chiu-Chiu y en Lasana los regantes mantenían una gestión de agua basada en prácticas vernáculas de riego y un sistema colectivo. Estas prácticas han producido un determinado paisaje hídrico en el desierto de Atacama, caricaturizado como el más árido del mundo.
Esta producción se vio fuertemente intervenida por la imposición del Código de Aguas de 1981, el qué reconfiguró el paisaje hídrico del oasis de Chiu-Chiu y Lasana, reproduciendo físicamente aridez por medio de decisiones políticas que amparan la sobre extracción de recursos hídricos por parte de las industrias extractivas.
Por medio de la imposición coactiva del Código de Aguas de 1981, el estado penetró este modelo de gestión con la fórmula universal de la propiedad privada y el libre mercado; la que no distingue las particularidades ecológicas de las cuencas ni las formas locales de gestión de aguas.
La implementación de este código buscó racionalizar el uso de agua para riego con el fin de asegurar la expansión de las industrias extractivas. Por medio de los estudios técnicos que sirvieron de base para la privatización de los derechos de agua, el estado invisibilizó toda forma de gestión local, lo que finalmente derivó en la creación de un excedente hídrico a ser transferido a la minería e industria sanitaria.
Lo paradójico de este proceso es que contradice la lógica que subyace al –supuesto– libre mercado del Código de aguas.
Un modelo neoliberal de gestión de aguas, implica una acción estatal reducida y un libre mercado que sirve como instrumento de distribución hipotéticamente apolítica de los recursos hídricos. Siguiendo esta lógica, el agua debería de fluir sin planificación centralizada hacia a aquellos usos de mayor valor de cambio; asegurando eficiencia económica y sustentabilidad ambiental.
A pesar de ello, y en contra de lo observado por economistas ortodoxos en la cuenca de río Loa, el mercado cumple un rol mínimo, casi insignificante, en la distribución de derechos de agua en esta cuenca.
Por el contrario, en este artículo se muestra el cómo es el estado quien mediante decisiones centralizadas ha resuelto los usos del agua y, por consiguiente, quienes tienen el control de la producción del paisaje hídrico.
Cambio de cobertura vegetal en Chiu-Chiu
En Chiu-Chiu y Lasana, fue el estado quien por medio de informes técnicos que ignoraron las formas de riego local, la coacción y la mentira regularizó menos agua de la que los rega2ntes locales solían utilizar para regar sus cultivos y lixiviar una humedal de altura.
Ello generó un excedente el cual fue centralizadamente transferido, al margen de toda lógica de mercado, a las industrias extractivas; lo que resulto en un despojo hídrico.
Bajo estas acciones, Lasaneños y Chiu-Chiguanos han visto disminuidas su capacidad de seguir produciendo su espacio hídrico, sediento el control de este a la minería y empresas sanitarias, quienes contribuyen a producir la aridez de Atacama.